Docentes y alumnos del colegio José Manuel Estrada se movilizaron ayer en reclamo de la continuidad de ese establecimiento educativo. Apoyados por la dirigencia gremial del Sindicato de Docentes Particulares (Sadop), 70 docentes manifestaron su inquietud por la continuidad de su fuente de trabajo. Los 370 alumnos que cursan en ese Colegio no cumplieron la última semana de clases y los profesores anticiparon que no entregarán las notas finales y no tomarán exámenes la semana próxima si no les acercan alguna solución.
“Hay incertidumbre, porque hasta 2007 el edificio (de Junín al 700) era propio. Los propietarios lo vendieron, y los plazos para la entrega se extendieron hasta marzo. Necesitamos un nuevo local Y tenemos un atraso salarial de dos meses, a pesar de que el colegio está subvencionado por el Estado. Al no cumplir la dueña con las responsabilidades administrativas, el Estado no libera el dinero para los sueldos”, dijeron el rector del Estrada, Andrés Córdoba, y una pedagoga que se presentó como “Mirta”. La dueña del colegio, Raquel Alascio, se negó en principio a dialogar telefónicamente con LA GACETA. Ante la insistencia, afirmó que “no es su idea cerrar”. “No puedo dejar 70 personas en la calle”, señaló; y dijo que habló con las autoridades educativas, “sin una respuesta favorable”, pero que “intentará hablar otra vez con Educación”.
Por su parte, la titular de Sadop, Teresa Hernández de Ramayo, afirmó que se llega al cierre de este establecimiento por graves problemas administrativos de la institución. “Hay un contrato de alquiler para un nuevo local (en Miguel Lillo 362). Pero todavía no está aprobada la obra. Y los docentes no han cobrado octubre, ni noviembre. Estamos pidiendo la intervención de la ministra de Educación: el establecimiento recibe un aporte del Estado del 100 % (la planilla salarial es de $250.000 mensuales); entendemos que es factible alguna solución”, afirmó. “El Estado puede intervenir, así como interviene en el caso de las fábricas recuperadas”, opinó.
Algunos docentes del Estrada reclaman que el Ministerio de Educación intervenga el colegio. Sin embargo, Ramayo destacó que la figura de la intervención no existe en la normativa ministerial de enseñanza privada. “Pedimos que la ministra (Silvia Rojkés de Temkin) permita cambiar los plazos de rendición de cuentas de lo adeudado (aportes patronales, previsionales), para garantizar la fuente laboral”, añadió. También reclamaron que citen a la dueña del colegio a la Secretaría de Trabajo, “para que explique formalmente cuál es la situación”. LA GACETA le consultó a la dirigente si el caso del Estrada es único. Destacó que hay entre cinco y siete colegios privados con situación crítica, en los que los docentes vienen resignando derechos laborales y salariales.